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Senado de la República

Autonomía Judicial en México

Lic. Ricardo Cizniega Arreola.

Morelia Michoacán a 24 de Junio 2018

Resumen

El Poder Judicial Federal Mexicano, uno de los tres Poderes De La Unión que gobiernan a nuestro país, supuestamente de manera independiente, se ve en muchas ocasiones subyugado por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ocasionando problemáticas en cuanto a la imagen, desempeño y eficacia del mismo. Por ello, México necesita lograr la verdadera autonomía del poder judicial, tanto interna como externamente, y asignar jueces independientes, libres e imparciales, en capacidad plena de llevar a cabo la justicia.

Palabras clave: : judicial, poderes, ejecutivo, legislativo, imparcialidad.

Abstract

The Federal Judicial Power of Mexico, one of the three Powers of the Union that rule our country, supposedly independently, is often subjugated by the Executive and Legislative Powers, causing problems regarding its image, performance, and effectiveness. For this reason, Mexico needs to achieve the true autonomy of the Judicial Power, both internally and externally, and assign independent, free and impartial judges, in full capacity to carry out justice.

Keywords: tjudiciary, powers, executive, legislative, impartiality.

Curriculum

Realicé estudios superiores en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, titulándome en el año 2015, por excelencia académica. Trabajé en el Poder Judicial de la Federación, posteriormente funcionario del Gobierno Estatal de Michoacán, actualmente son docente en la propia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y abogado litigante.

Introducción

En la presente publicación comparto mi punto de vista y la necesidad que tiene nuestro país (México), de lograr que dentro de la Unión de Poderes que gobiernan a nuestro país, un poder de ellos, deba de ser autónomo por completo en su vida interna como externa.

Lo anterior, en base a que hoy en día, existen un sinfín de necesidades imperiosas de que el Poder Judicial Mexicano, logre esa autonomía con respecto de los otros dos Poderes de la Unión, debido a que vemos la gran injerencia que tienen los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el Judicial, limitándolo en todos aspectos e incluso, denostándolo en sus funciones y creando una mala fama para el mismo, ya que son otros los agentes que propician un mal funcionamiento del judicial en nuestro país y no propiamente que sea malo el poder judicial mexicano, sino que crean humo y demás cortinas que hacen que la sociedad crea que no realiza correctamente sus funciones y además, que el personal que integra al mismo, es incompetente, corrupto y que las sentencias que emiten los tribunales federales, pueden incluso ser un monumento a la legalidad, mas no justas, provocando con esto en la sociedad, disgusto y desánimos al momento de solicitar justicia ante los mismos.

La autonimía del poder judicial en México

Sabemos que la forma de gobierno en nuestro país es una república, representativa, democrática y soberana, regida bajo el principio de la división de poderes, en nuestro caso, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuya máxima ley es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En dicha Carta Magna, encontramos la forma de gobierno, como nos regimos y como nos autogobernamos, estableciendo de igual manera en la misma, nuestros derechos humanos a los que tenemos derecho. Sin embargo, hay un apartado en donde nos establece la división de los Poderes de la Unión, la cual es donde queremos abordar al respecto.

En nuestro país, existen tres grandes poderes, que juntos son las que controlan la función pública de nuestro país y nos gobiernan, bajo ese tenor, cada poder tiene estrictamente delimitadas sus respectivas funciones, sus deberes y su manera de regirse; sin embargo, al estudiar a dicho ordenamiento jurídico, encontramos algo muy extraño, tanto el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo Federal, se rigen bajo sus propios principios y ordenamientos legales previamente establecidos para un desempeño y funcionamiento correcto de los mismos, sin la interferencia de nada ni de nadie en el ejercicio de sus funciones internas y externas; pero esto no sucede con el Poder Judicial Federal, ya que con él, si intervienen los multicitados Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, ya sea para regirse en su vida interna como en su vida externa, ya sea para el ejercicio de sus funciones y el desempeño del mismo e incluso, para la solicitud y autorización del presupuesto económico para el ejercicio de todo un año, ya que este, se ve sometido a cuestiones políticas o de otra índole, ajenas a las necesidades del propio Poder Judicial de la Federación.

Lo mencionado en líneas anteriores, trae consigo un sinfín de problemáticas muy importantes en la imagen del Poder Judicial de la Federación, así como en el desempeño del mismo, generando con ello, mucha confusión, desánimos, incertidumbre, mal funcionamiento, mala administración y por último, una indebida e incorrecta impartición de justicia en nuestro país; evitando con ello también una independencia del juez en México, sin que esté sometida sus decisiones a cualquier otra cuestión menos jurídica.

Es importante señalar que debe siempre existir una función independiente del juez, con el ejercicio de la función pública de los otros dos Poderes de la Unión, quien dicho juez estará sometido al Poder Judicial y este a su vez, formará parte integral del Estado, y consecuentemente de la soberanía nacional que debería ser una emanación del pueblo y no de una sola persona, de la misma forma, es necesario el reconocimiento de un juez sometido únicamente al imperio de la ley conforme a la expresión de la ley nacida de la voluntad general y no por capricho de una persona o ente político, logrando con ello, un ejercicio jurisdiccional pleno, trayendo consigo justicia y sentencias apegadas a que sean justas y pudiendo con ello, recuperar credibilidad en la sociedad, que vuelvan a creer en sus tribunales federales y encuentren la justicia que están buscando.

Superada al parecer el carácter dogmático de la estricta teoría de la división de poderes, pues como bien expuso Hans Kelsen, el problema radica en que el significado histórico del principio de “separación de poderes” va más contra la concentración de los poderes, que a favor de la separación de los mismos, la doctrina contemporánea ha venido a identificar la independencia del Poder Judicial en su aspecto orgánico y funcional. Es decir, hoy en día la independencia judicial no se considera como un concepto absoluto sino relativo; todos los tribunales son en alguna forma independientes y en otra subordinados, de manera que no se pueden concebir completamente aislados.

Así, por ejemplo, podemos decir que cualquiera que sea la forma de nombrar a sus miembros, bien sea por elección popular, designación mediante una combinación del Poder Ejecutivo con el Legislativo, de ambos con el Poder Judicial, o por un órgano autónomo, los jueces mantendrán muy probablemente un sistema de valores que refleje la cultura política dominante; más aún, como señala Revenga Sánchez:

Contemplar la independencia como un valor absoluto, aludiendo la cuestión de sus límites, equivale a propugnar el aislamiento del juez respecto a la sociedad y el del Poder Judicial respecto a los demás poderes estatales; es decir, contribuir a la sacralización de la justicia y a la consiguiente permanencia de lo que ha sido calificado como uno de los pocos mitos trascendentales que ha logrado subsistir hasta nuestros días.

Esto nos lleva, en primer lugar, a diferenciar la independencia en su sentido jurídico del conjunto de cualidades o valores, como puedan ser la imparcialidad y la objetividad, cuya relevancia para el ordenamiento es la de ser susceptibles de constituirse en fines deseables. No pueden confundirse la independencia, en el sentido estricto, con imparcialidad o neutralidad, pues mientras que aquélla es una institución jurídica con la que se pretende eliminar toda subordinación objetiva del juez, la imparcialidad o la neutralidad, por el contrario, son parámetros o modelos de actitud, pero en ningún caso categorías jurídicas. En otras palabras, independencia del juez no es sinónimo de imparcialidad y objetividad, la independencia es una fórmula para una posible correcta actuación del juzgador, no un fin sino un instrumento al servicio de la justicia, pues “afirmar que un juez independiente por lo general produce una justicia independiente es una ecuación incompleta que tanto tiene de verdad como de no verdad”.

Por otro lado, el Poder Judicial debe contar con una verdadera autonomía al momento de solicitar y autorizar su propio ejercicio presupuestal para el desempeño del mismo durante un año; esto debido a que en primer lugar, él es único que sabe cuáles son sus necesidades que sufre y como pudiera combatir las mismas, proponiendo de manera libre su recurso económico y en segundo lugar, el que no se encontraría sometido a las decisiones y autorizaciones de entes políticos, que buscan únicamente interferir en el desempeño del Poder Judicial y el limitarlo, logrando muchas veces con ello, de someterlo a la voluntad política del gobierno que se encuentra en turno realizando funciones Ejecutivas o Judiciales.

Es por ello, que debemos darnos cuenta la gran importancia que juega en nuestro país una correcta autonomía del Poder Judicial Federal con respecto a los otros dos Poderes de la Unión, pudiendo así, el conllevar un mejor funcionamiento para el mismo y brindar mejores servicios a esta sociedad que está tan necesitada de tener buenos juzgadores, que sean libres, imparciales y que realicen justicia.

Conclusión

El Estado liberal configuró un Poder Judicial basado en una división tripartita de poderes, reconociendo el estricto sometimiento del juez a la ley, en palabras de Montesquieu, “hasta el punto que debe corresponder siempre al texto expreso de la ley”. Sin embargo, en el aspecto práctico, el constitucionalismo liberal hizo dogma de la independencia del Poder Judicial, sin incluir dentro de ella el estatus del juez en su dimensión individual, incorporándola a un cuerpo estructurado burocráticamente y con un elevado índice de jerarquización.

Enmarañados en juego de poder, en donde intervienen los tres poderes de la unión, es claro que vemos que el Poder Judicial, a pesar de las diversas reformas que ha sufrido nuestra legislación máxima en nuestro país, siempre ha estado sometido a las decisiones del Ejecutivo y Legislativo, impidiendo el lograr el máximo desempeño y funcionamiento del mismo.

BIBLIOGRAFÍA

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