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Senado de la República

EL Juicio de amparo en la perspectiva de Manuel Crescencia Garcia Rejon

M en D. José Carlos Godínez Mejía1

Morelia Michoacán a 10 de Julio 2018

Resumen

El juicio de amparo, originalmente plasmado en la Constitución de Yucatán de 1841, y cuya influencia a nivel nacional lo llevaría más tarde a ser incluido en la Constitución Mexicana de 1857, fue un acto de convicción de un ideólogo liberal y humanista, estudioso de las leyes y la filosofía, más no abogado: Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Su visión que era la protección a las garantías individuales, independientemente de la nacionalidad, condición social o económica, fue un aporte muy importante al campo del derecho. Este trabajo pretende explicar la manera en que las características particulares del amparo fueron formadas por el entorno histórico y el contexto en que éste se desarrolló.

Palabras clave: amparo, juicio, constitución, Yucatán, rights.

Abstract

The writ of Amparo, originally embodied in the Constitution of Yucatan of 1841, and whose influence at a national level would later lead it to be included in the Mexican Constitution of 1857, was an act of conviction of a liberal and humanist ideologist, researcher of law and philosophy, but not a lawyer: Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. His vision that was the protection of individual guarantees, regardless of nationality, social, or economic status, was a very important contribution to the field of law. This paper aims to explain the way in which the particular characteristics of the writ were shaped by the historical environment and the context in which it was developed.

Key Words: writ, trial, constitution, Yucatán, rights.

Tradicionalmente se ha dicho, que Manuel Crescencio García Rejón, es el padre del juicio de amparo como actualmente lo concebimos y que éste lo plasmó en la Constitución de Yucatán de 1841. Con ello, inmediatamente nos imaginamos a Don Manuel, como un ilustre jurista, compareciendo en los debates del constituyente de Yucatán, a plantear, exponer y defender en la tribuna legislativa su idea de establecer un mecanismo legal para la defensa de los derechos fundamentales; pero qué sorpresa, no es cierta ni una cosa ni la otra. Ni Don Manuel, fue abogado; ni tampoco fue constituyente de Yucatán en el año 1841. Así son las sorpresas que da la historia.

Al analizar la biografía de Manuel C. García Rejón y Alcalá, nos damos cuenta que él nació el 23 de agosto de 1799, en el poblado de Bolonchén, municipio de Ticul, en Yucatán (ahora Bolonchen de Rejón, en el Estado de Campeche), y cursó sus estudios en Mérida, donde ingresó al Seminario conciliar de San Ildefonso. Es decir, cursó estudios eclesiásticos, no de leyes civiles, estudios de los cuales no se graduó dado que abandonó el seminario, pues no quería ordenarse como sacerdote. Pero dado su carácter humanista, adoptó la política y la función pública como profesión, siendo diputado por Yucatán, en varias oportunidades, Constituyente en 1824, Ministro de Relaciones Exteriores, diplomático y periodista político. Lo mismo, que tampoco formó parte del Constituyente de Yucatán en 1841, sino únicamente fue parte de la comisión a la cual, los diputados de ese constituyente, le hicieron la encomienda de redactar el proyecto de Constitución que debatieron y aprobaron, muestra de ello, es que en la Constitución de 1841, no aparece su nombre ni su firma como constituyente; y si en cambio aparece la de su compañero de comisión, y quien si fue diputado constituyente, Darío Escalante.

Aunque no por haber estado ausente del constituyente, o por no haber sido abogado, podemos quitarle el mérito de haber introducido en nuestro país, el juicio de amparo, dotándolo de las formalidades esenciales para su pleno funcionamiento en el campo del Derecho. Claro, no lo podemos considerar como padre del “amparo mexicano”, pero sí del “juicio de amparo”, visto éste como un procedimiento especial, claramente definido y contemplado en la máxima Ley del territorio para el que se dio, buscando de esa manera, hacerlo indestructible por el capricho de cualquier autoridad.

En efecto, el concepto “amparo”, no lo crea García Rejón en su proyecto de Constitución de Yucatán en 1841; esta figura ya existía en nuestra historia jurídica desde la época colonial, cuando los indígenas podían mediante una simple súplica, sin mayor formalidad ni requisitos, pedir la intervención de las autoridades españolas para que fuesen amparados y protegidos contra los abusos de que eran objeto, tanto por actos de autoridades, como por actos de particulares. Pero esta petición era concebida como una simple concesión o un acto de benevolencia que daba el Virrey o la Real Audiencia, quien no tenía la obligación de otorgarla, ni tenía plazos ni procedimientos que dieran certeza jurídica a los solicitantes. Este fue el aporte del juicio de amparo concebido por García Rejón y su comisión, tomó diversas ideas de lo que en la práctica histórica del derecho mexicano había visto, lo conjugó con el Judicial Rewiew Norteamericano, y confeccionó un procedimiento judicial sumario para hacer efectivo el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, así como para hacer prevalecer la supremacía de la Constitución. Llamando a esto, el juicio de amparo. Pero lo que elevó a la historia del Derecho, fue su inclusión en la Ley fundamental del Estado, y no en un simple código de menor jerarquía; pues ésto, le dio la fuerza suficiente y necesaria para convertirse en el mecanismo más eficaz y eficiente que pudiera existir en el orden jurídico para la tutela de las garantías individuales de los gobernados.

Al analizar la exposición de motivos del proyecto de Constitución de Yucatán de 1841, podemos comprobar que García Rejón, se inspira en el Judicial Rewiew, para concebir el Juicio de Amparo. Pero de ninguna forma se puede atribuir que éste es una copia de aquél. El Judicial Rewiew, es una potestad asumida por la Corte Norteamericana para realizar el control de la constitucionalidad; en cambio, el juicio de amparo, es una obra completa, que lleva al perfeccionamiento la facultad contenida en el Judicial Rewiew, y que además, pone al alcance de cualquier ciudadano, el acceso directo a la protección constitucional de sus derechos humanos violados. No obstante, considero importante, traer aquí, lo que se dijo en esa exposición de motivos, para que se vea y confirme, que nuestro juicio de amparo no es una copia del sistema norteamericano, sino simplemente, aquél fue una referencia en torno a la necesidad de crear una institución como la que tenemos. Cuyo contenido cito a continuación:

“De ahí es que, en los Estados Unidos de Norte-América, la Corte suprema está encargada de ejercer no sólo atribuciones judiciales, sino también otras que son casi enteramente políticas; y a ella acude el Poder ejecutivo para oponerse a los desafueros del cuerpo legislativo: éste para defenderse de las empresas atrevidas de aquel: el interés público contra el interés privado, y el espíritu de conservación y orden, contra los movimientos tempestuosos de la democracia; en fin, su poder es inmenso, pero siendo de pura opinión, y no descansando en la fuerza brutal de las armas, busca siempre la equidad y la justicia, para no perder el prestigio en que se apoya la sumisión que se le debe.

Por eso os propone se revista a la Corte Suprema de Justicia de un poder suficiente, para oponerse a las providencias anti-constitucionales del Congreso, y a las ilegales del Poder ejecutivo, en las ofensas que hagan a los derechos políticos y civiles de los habitantes del Estado; y que los jueces se arreglen en sus fallos a lo prevenido en el código fundamental, prescindiendo de las leyes y decretos posteriores, que de cualquier manera lo contraríen. Se hará también innecesaria la creación de un poder conservador monstruoso, que destruya las instituciones fundamentales a pretexto de conservarlas, y que revestido de una omnipotencia política sea el árbitro de los destinos del Estado, sin que haya autoridad que modere sus abusos.

Sus sentencias pues, como dice muy bien Toqueville, no tendrán por objeto más que el descargar el golpe sobre el interés personal, y la ley solo se encontrará ofendida por causalidad. De todos modos la ley así censurad no quedará destruida: se disminuirá si su fuerza moral, pero no se suspenderá su efecto material. Sólo perecerá por fin poco a poco y con los golpes redoblados de la jurisprudencia, siendo además fácil de comprender, que encargando al interés particular promover la censura de las leyes, se enlazará el proceso hecho a estas con el que se sigua a un hombre, y habrá de conseguirse seguridad de que la legislación no sufrirá el más leve detrimento, cuando no se le deja expuesta por este sistema a las agresiones diarias de los partidos. En fin, multiplicándose por el medio referido los fallos contra las leyes constitucionales, se harán estas ineficaces, teniendo las cámaras por lo mismo que derogarlas, y sacándose por consiguiente la ventaja de conservar el código fundamental intacto, por un antemural el más fuerte que se ha levantado contra la tiranía de las asambleas legislativas.”

Como puede verse de esta exposición de motivos, el objetivo de García Rejón y su comisión, era crear un nuevo proceso, de naturaleza constitucional, con el cual se pudiera restablecer el orden jurídico fundamental cuando éste era violentado por una autoridad pública a través de un acto concreto; y disponer su reparación; sin hacer una declaración general de invalidez de la ley, sino simplemente suspenderla para el caso concreto, y esperando, a que la jurisprudencia que se formara derivada de las sentencias de amparo, la volviera inoperante, provocando que el poder legislativo, con el paso del tiempo –pero sin la vinculación por la intromisión del poder judicial que se lo ordenara categóricamente en un sentencia- la derogara.

Los juicios de amparo que se proponían en el proyecto de Constitución, eran de tres especies: uno, contra actos del poder legislativo que fueran estimados inconstitucionales; otro, que procedía contra actos del poder ejecutivo que fueran estimados inconstitucionales o ilegales; y el tercero, que era contra actos de cualquier tipo de autoridad, excepto las autoridades judiciales, que fueran violatorias de las garantías individuales otorgadas por la constitución del Estado. De los dos primeros tipos de juicio, conocería y resolvería en única instancia la Corte Suprema de Justicia del Estado, teniendo en todo momento la sentencia sólo efectos particulares; y del tercer tipo de juicio, donde se pidiera la reparación de garantías individuales, su conocimiento correspondía a los jueces de primera instancia, quienes en forma breve y sumaria, resolverían.

Como ya lo dijimos, este proyecto de Constitución fue puesto a consideración del poder Legislativo del Estado de Yucatán, siendo aprobado en su mayoría tal y como se presentó. Existiendo en materia del juicio de amparo – que es lo que ahora nos ocupa -, las siguientes modificaciones: se adoptó el juicio constitucional de amparo, bajo las siguientes modalidades: a) procedía por violación de garantías individuales por autoridad no judicial, en cuyo caso conocería un juez de primera instancia; b) procedía por violación de garantías individuales cometidas por un juez de primera instancia, para lo cual conocería su superior jerárquico; c) procedía contra actos del gobernador por violaciones a la Constitución – dejando de lado los actos violatorios de las leyes secundarias-, del que conocería la Corte Suprema de Justicia del Estado, y sus resoluciones sólo tendrían efectos entre particulares; y d) procedía contra actos inconstitucionales del poder Legislativo, de los que también conocería también la Corte Suprema del Estado.

Artículo 62. Corresponde a este Tribunal (refiriéndose a la Corte Suprema de Justicia del Estado) reunido:

Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección contra las leyes y decretos de la legislatura que sean contrarias al texto literal de la constitución, o contra las providencias del gobernador cuando en ellas se hubiese infringido el código fundamental en los términos expresados, limitándose en ambos casos, a reparar el agravio en la parte en que la constitución hubiese sido violada.

Artículo 8º. Los jueces de primera instancia ampararán en el goce de los derechos garantizados por el artículo anterior (7º), a los que les pidan su protección contra cualquier funcionario que no corresponda al orden judicial, decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados.

Artículo 9º. De los atentados cometidos por los jueces contra los citados derechos, conocerán sus respectivos superiores con la misma preferencia de que se ha hablado en el artículo precedente; remediando desde luego el mal que se les reclame, y enjuiciando inmediatamente al conculcador de las mencionadas garantías.

Con estas frases, nació a la vida jurídica el juicio de amparo mexicano, y desde entonces, se ha convertido en el medio más eficiente en el mundo, para lograr la defensa y restitución de los derechos humanos violentados por actos de toda clase de autoridad. Y su eficacia radicó principalmente, en que este juicio es producto de un mandamiento constitucional, el cual, ordenaba la restitución inmediata de los derechos violados por la autoridad, así como, el enjuiciamiento inmediato del conculcador de las garantías. Mandamiento este último, que le dio la fuerza necesaria para tener la transcendencia que hasta la fecha le conocemos, puesto que desde su origen, el legislador procuró el remedio adecuado para evitar la desatención de las ejecutorias de amparo.

La materia de protección del juicio de amparo concebido por García Rejón, lo eran las llamadas en ese entonces, garantías individuales – hoy Derechos Humanos-, y la misma Constitución yucateca se encargaba de definirlas en su artículo 7º séptimo, considerando que tales derechos fundamentales, eran los siguientes:

Art. 7º. Son derechos de todo habitante del Estado, sea nacional o extranjero:

1º No poder ser preso sino por el decreto o mandamiento de juez competente, dado por escrito y firmado, ni aprehendido por disposición del gobernador, sino en los términos indicados en las facultades de este. Exceptuase el caso de delito infraganti, en el cual puede cualquier prenderle, presentándole desde luego, a su juez respectivo.

2º No puede ser detenido sin expresa orden, dada y firmada por el juez competente que le aprehenda, ni pasar la detención de veinticuatro horas sin recibirle su declaración preparatoria, ni de cuarenta y ocho sin proveer el auto motivado de su prisión.

4º No poder ser juzgado por comisión, sino por el tribunal competente que establece la ley.

5º No poder ser juzgado ni sentenciado por jueces establecidos, ni por leyes dictadas después del hecho que haya motivado el litigio o la formación de su causa.

6º Poder terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros.

7º No poder ser obligado a hacer lo que no le manda la ley, ni a practicar lo prevenido en esta, sino del modo y en la forma que ella determine, ni a pagar contribución no decretada por el congreso del Estado.

8º No podérsele impedir hacer lo que las leyes no le prohíban.

9º Poder imprimir y circular sus ideas sin necesidad de previa censura; sujetándose por los abusos que cometa, a las penas de la ley.

10º Poder adquirir bienes raíces, rústicos o urbanos, y dedicarse a cualquier ramo de industria.

11º No poderse catear la casa de su habitación, su correspondencia ni papeles, sino por disposición de juez competente, y con los requisitos que las leyes establezcan.

12º Pedir libre y moderadamente la observancia de la constitución y leyes.

Estas son las garantías individuales que García Rejón pretendía proteger con la implementación de su juicio de amparo, y es que según vemos en la exposición de motivos de su proyecto, se señalaba que fue su intención colocar las garantías individuales, bajo la salvaguarda del poder judicial, por considerar a éste poder como el más responsable de sus actos, y el único que sabría custodiar “el sagrado depósito que se confía a su fidelidad y vigilancia”; véase, como Rejón, fue plenamente consciente de la importancia de la figura procesal que estaba introduciendo en la Constitución.

La figura del juicio de amparo, no fue un evento fortuito, ni una idea pasajera, fue un acto de convicción de un ideólogo liberal y humanista, con el cual quería blindar el respeto de los mínimos derechos humanos que el Estado reconocía a sus habitantes. Si a sus habitantes, porque la única condición que se pidió para gozar de ellos, era el requisito de habitación, independientemente de su nacionalidad, de su condición social o económica. Eran para todos, lo mismo que el juicio mediante el cual serían protegidos. Esta es la principal virtud de Rejón, que con esta fórmula, volvió universal el amparo.

La universalidad de que hablamos, es un aspecto muy importante en la obra de García Rejón, porque en esas épocas, el hablar de igualdad era sumamente novedoso y en algunos casos, hasta reprochado; incluso, en el resto de Constituciones que hasta ese entonces se venían elaborando, generalmente contenían diversos tipos de distinciones entre las personas, ya sea por su nacionalidad, por su posición económica, por su edad, por su sexo o por su educación. Acababa de concluir la época colonial, y estaba aún arraigado en la población el sistema de castas impuesto por España, y las mismas constituciones hacían distinciones; por ejemplo, en algunas el derecho al voto, sólo lo podían ejercer quienes tuvieran determinado ingreso; otras otorgaban derechos sólo a los ciudadanos y no a los extranjeros; en otras ni siquiera mencionaban a las mujeres. En fin, bajo la concepción de García Rejón, podemos decir que su juicio de amparo superó estos perjuicios.

Cabe señalar, que conjuntamente con la Constitución de Yucatán, el mismo 31 de marzo de 1841, se promulgó una ley denominada “Reglamento de Administración de Justicia”, en la cual se desarrollaron los preceptos constitucionales que regularían al poder judicial establecido en la ley suprema, y desde luego, aunque de manera un poco reducida, también se trató de reglamentar el aspecto procesal del juicio de amparo creado por Manuel García Rejón.

Dentro de esa reglamentación, encontramos el artículo 127 que literalmente decía: “El tribunal en pleno, con asistencia y voto escrito de fiscal, desempeñará las dos primeras atribuciones que designa el artículo 62 de la Constitución…” es decir, las relativas a conocer y decidir el amparo contra leyes y providencias del Gobernador, así como iniciar leyes y decretos para mejorar la legislación civil y penal y de los procedimientos judiciales.

Por lo que respecta al juicio de amparo contra autoridades administrativas ante los jueces de primera instancia, el artículo 40 del citado Reglamento, estableció brevemente que dichos jueces “ejercerán la atribución que les concede el artículo 8 de la constitución”; pero sin regular un procedimiento especial, ya que las disposiciones procesales que se contienen en ese Reglamento sólo hablan de los juicios civiles y penales. Lo que hace que algunos historiadores señalan que ante la falta de un procedimiento especial, se debían aplicar directamente los principios establecidos en la Constitución, que hablan sobre el carácter breve y sumario del juicio de amparo. Lo mismo que señalan, que tratándose del amparo contra resoluciones judiciales, no aparece claro cuáles son los respectivos superiores de los jueces respecto de los cuales debían interponerse contra la violación de “garantías individuales”, habida cuenta que los alcaldes tenían funciones jurisdiccionales tratándose de los “juicios verbales” en materia civil y penal (que ahora serían juicios de cuantía menor), y que en forma limitada sus fallos podrían ser revisados por los jueces de primera instancia. En cuanto a las resoluciones de estos últimos, las mismas eran impugnables, ante las Salas de la Suprema Corte.

En el artículo 142 del mencionado reglamento, estableció: “De la misma manera conocerán las Salas Segunda y Tercera, por turno, alternativamente en primera y segunda instancia… cuarto, en las que formen contra los jueces de primera instancia y contra los subalternos inmediatos de la misma Corte, por abusos cometidos en el ejercicio de sus destinos”. Lo que representa la dotación de competencia a la mencionadas Salas, para conocer del juicio de amparo que se promoviera en contra de los jueces, que en ejercicio de su función jurisdiccional, cometieran una violación a las garantías individuales.

La protección a las garantías individuales en el juicio de amparo ideado por García Rejón, fue un aporte muy importante al campo del derecho; pero no fue el único, otra de las funciones principales de ese juicio, lo fue el convertirse en un medio de control constitucional, tomando la idea del Judicial Rewiew, Norteamericano, pero superándolo de manera extraordinaria. Porque como bien lo han comprendido múltiples tratadistas, el poder judicial norteamericano, introdujo la revisión judicial de la constitucionalidad, como una facultad de ese poder; en cambio, el juicio de amparo se convirtió en todo una mecanismo para ejercer esa facultad; siendo por ende, una obra que no sólo supera a la institución norteamericana, sino que la perfecciona. Ya que mediante el juicio de amparo se encuentra el instrumento adecuado para hacer efectiva esa facultad de realizar el control constitucional de los actos de autoridad, dotando de un proceso predefinido y de una autoridad competente para ejercerla.

Respecto de ese control de la constitución, García Rejón, lo contemplaba como una facultad difusa, siguiendo la corriente norteamericana, la cual correspondía a todos los jueces sin importar su jerarquía, para conocer y resolver cuestiones de constitucionalidad de las leyes aplicables, siempre que la cuestión respectiva sea planteada por partes y aun de oficio por el juzgador ordinario, en una controversia concreta. Por ello, en la constitución de Yucatán de 1841, se otorgó a los Jueces de primera instancia, la facultad para conocer del juicio de amparo; puesto que de esta manera, se volvía más accesible la justicia constitucional, evitando crear tribunales especializados, que pudieran ser un obstáculo – por su ubicación, número o costo – que pusiera al juicio de amparo, fuera del alcance de los destinatarios.

Un factor muy importante del amparo, son los efectos de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley, la que se traduce en la desaplicación de las disposiciones legislativas impugnadas en el caso concreto, pero no en la desaparición de la ley; ya que el fallo tiene eficacia únicamente entre las partes en la controversia para la cual se planteó. A ésto, se le conoce como el principio de relatividad de las sentencias de amparo, y es una de las mayores críticas que se le hace al juicio de amparo contemplado por Manuel Crescencio García Rejón. En efecto, esa relatividad de los efectos de la sentencia, resulta insustentable jurídicamente en algunos casos, puesto que si la autoridad juridicial ya declaró que determinada ley es violatoria de los derechos humanos o transgrede el texto constitucional, resulta absurdo que el poder judicial –garante del constitucionalismo- permita que siga aplicándose para vulnerar los derechos de quienes no promovieron la demanda de amparo, o en su caso, que se permita la subsistencia y coexistencia de una norma o de un acto, que va en contra de la máxima del Estado.

En lo particular, siempre consideré absurdo este principio de relatividad, porque constituye una forma de crear ante la ley personas de segunda clase, las que tienen la posibilidad de acudir al amparo y ser protegidas, y el resto de la población, la mayoría, que fueron, son y serán afectados por el notorio abuso de la autoridad. Realmente era inexplicable el porqué, si se había creado un instrumento tan poderoso para mantener la supremacía de la Constitución, y salvaguardar los derechos humanos de la población, se habían limitado sus efectos jurídicos exclusivamente para aquéllos casos que se volvieran litigiosos. Pero después de analizar un poco el contexto de la sociedad en la que nació el juicio de amparo, así como la formación de su autor, puedo entender, más no compartir, su implementación.

En efecto, Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, no fue abogado, si fue estudioso de las leyes y la filosofía, pero su vocación y ocupación principal, fue la política. Tal vez ahí encontramos el origen de este principio de relatividad. En aquélla época, mediados del siglo XIX, estaba surgiendo el liberalismo en el mundo, y éste, se encontraba luchando en medio de los movimientos independentistas, con el conservadurismo, lo que hacía necesaria la negociación política de todo tipo de leyes, y con mayor razón de las Constituciones. El mismo Estado de Yucatán, en la época en que se proclamó su Constitución de 1841, se había declarado independiente de la República Mexicana; por tanto, su carta fundamental no sólo fue producto de su constituyente, sino que tuvo que pasar el visto bueno del resto de quienes ejercían el gobierno, como el titular del ejecutivo y del propio legislativo; quienes indudablemente, tuvieron que ver en el juicio de amparo, una forma clara de limitación a su poder; pero que además, al conferirle la competencia para conocer de él, al poder judicial, se corría el riesgo de convertirlo en un poder superior a los otros dos.

No obstante, las ideas liberales que compartían la mayor parte de los constituyentes llevaban a reconocer la necesidad de contar con ese medio de defensa de la constitución y de protección de los derechos humanos, nunca antes visto hasta la fecha; de lo contrario, es decir, de no existir el juicio de amparo en su constitución, implicaría un retroceso en su evolución jurídica; dado que si bien, su ley fundamental tendría un capítulo de derechos humanos, esto no constituiría ningún avance significativo, pues éstos ya estaban incluidos en la constitución yucateca del año 1825.

Por esa razón, fue preferible incluir el juicio de amparo con efectos limitados. De esa manera, se garantizaba la existencia del mismo, y a la vez, se conservaba la igualdad e independencia de los tres poderes, ya que ni el legislativo ni el ejecutivo, quedarían sometidos a la voluntad de los Jueces. Porque éstos, aún y cuando tuvieran la facultad de revisar que sus actos se ajustaran al texto constitucional, estarían obligados a limitar la fuerza de sus sentencias al caso concreto que juzgaban; conservándose la validez de actos del legislativo y del ejecutivo para el resto de los hombres que no hubieran ejercitado de su acción de protección constitucional. Y esto, indudablemente, sólo lo podía conseguir un político, un diplomático como García Rejón, quien pudo mediar y negociar los intereses de todos, y lo hizo, mediante la restricción de los efectos del juicio de amparo. Logrando así, que su juicio naciera y se conservara dentro del sistema jurídico mexicano.

El amparo concebido por Manuel Crescencio García Rejón, en el proyecto de Constitución de Yucatán de 1841, fue adoptado por ésta, lamentablemente por el tiempo transcurrido, y los conflictos armados que provocaron la destrucción de gran parte de los acervos oficiales del Estado de Yucatán, a la fecha no se ha encontrado ningún expediente bajo el cual se haya tramitado el juicio de amparo previsto en 1841, que nos permita conocer con fidelidad la manera en la cual se realizaba la petición de amparo, el tiempo de resolverse, el proceso seguido o el contenido de la orden concesoria de la protección constitucional. Pero ello, no quiere decir que la idea del amparo de Rejón, quedara en letra muerta, al contrario, la muestra más clara de que esta institución fue aplicada y se hizo efectiva en la justicia yucateca, lo fue la influencia que tuvo a nivel nacional para ser incluido en la Constitución Mexicana de 1857.

1Autor M en D. José Carlos Godínez Mejía Abogado. licjcgodinez@hotmail.com

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